Cuadro con la Ordenanza 904/76

El próximo 24 de marzo de 2011 se cumplen 35 años de la última y más sangrienta interrupción del sistema constitucional sufrido en nuestro país; pero los militares no llegaron solos al poder, ni hubiesen podido gobernar sin la participación de una parte de la sociedad, y por ello, nos referimos a aquellos oscuros años como “dictadura cívico-militar”.
Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar genocida perpetrado en nuestro país, el Concejo Municipal renueva su compromiso con el fortalecimiento de los valores y principios democráticos, el respeto por los derechos humanos y la defensa de las libertades individuales para construir una sociedad profundamente democrática y un futuro basado en la tolerancia y el pluralismo.
Por esto, consideramos necesario agregar a los cuadros que desde las paredes de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal recuerdan a las víctimas venadenses de la dictadura Cívico-militar, un nuevo cuadro con la Ordenanza 904/76, que recuerde las decisiones de quienes se arrogaban el poder público de la ciudad y gobernaban autoritariamente, negando el Estado de Derecho de sus habitantes.


PROYECTO DE DECRETO
Concejal Fabián Vernetti 23/03/11

VISTO:
Que el próximo 24 de marzo de 2011 se cumplen 35 años de la última y más sangrienta interrupción del sistema constitucional sufrido en nuestro país; y,
CONSIDERANDO:

Que la llegada al poder de los militares derivó en la entrega de poderes absolutos a una nueva Junta Militar que, en nombre de la “aniquilación” de la subversión, utilizó toda la maquinaria estatal para actuar como terroristas, al negar todo tipo de derechos y garantías a la población a la que decía defender, teniendo como consecuencias inmediatas más dramáticas la eliminación sistemática de miles de personas, familias destrozadas, la ruptura de la historia generacional, la transmisión del miedo como referencia política; existiendo otras más difíciles de identificar como las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de mediano y largo plazo que el país aún está sufriendo.

Que los militares no llegaron solos al poder, ni hubiesen podido gobernar sin la participación de una parte de la sociedad, y por ello, cuando nos referimos a aquellos oscuros años como “dictadura militar”, sin darnos cuenta, indultamos la esencial participación civil en el mismo.

Que está demostrado el prematuro compromiso de políticos, economistas, religiosos y periodistas en la preparación del golpe de Estado, favorecido por el pésimo gobierno de María Isabel Martínez de Perón y José López Rega que con su insólita ineficiencia, la violencia parapolicial de la Triple A, la corrupción generalizada, la licuación de salarios y ahorros, había creado un vacío de poder y una disconformidad colectiva que facilitó el suave aterrizaje del golpe.
Que la designación de Martínez de Hoz y su equipo de colaboradores estaba decidida con mucha anticipación, como así también el proyecto de progresivo desmantelamiento del Estado a favor de sectores concentrados nacionales e internacionales, sobre todo financieros, proyecto que se enraizaba en una nefasta tradición histórica del liberalismo argentino: liberal en lo económico y autoritario en lo político-social. En este caso ambos principios llevados a su exacerbación, puesto que el pretexto no era, como en asonadas anteriores, el supuesto reordenamiento de la vida institucional, sino que lo que se puso en marcha el 24 de marzo de 1976 fue el proyecto de transformación total de la organización económica, social y política de nuestro país.

Que una vez instalada la dictadura en el poder la complicidad civil fue, aún, más manifiesta. Ministerios clave como Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Cultura, fueron ocupados por civiles que nunca fueron juzgados por ello; economistas de primer nivel que diseñaron, justificaron y protagonizaron políticas económicas que les era obvio que conducían al desastre, pero que les permitieron, mientras duraron, rentabilísimos negocios especulativos a favor del endeudamiento suicida y antipatriótico; empresarios que privilegiaron los negocios con el Estado facilitados por la absoluta falta de controles institucionales sin importarles el costo humanitario; artistas que se avinieron, con elevado provecho económico, a filmar películas exaltatorias del Mundial o amables comedias con las fuerzas armadas de protagonistas; sindicalistas que aprovecharon el terrorismo estatal de ultraderecha para eliminar a sus adversarios del peronismo combativo o de izquierda; intelectuales de valía que, a pesar de que muchos de sus colegas habían desaparecido, se habían visto obligados a exiliarse o nutrían las listas negras que les impedían el derecho al trabajo, aceptaban almuerzos con Videla, embajadas en el exterior o escribían y opinaban sobre temas encubridores.

Que es claro que los uniformados deberán pagar por su responsabilidad en aquella inmensa tragedia nacional, cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días, pero reconozcamos que el ser hoy, paradojalmente, el sector social más indefenso de los que participaron los hace aptos para descargar allí, expiatoriamente, toda la responsabilidad y así disculpar al otro socio, sin el cual el Proceso no hubiera sido posible: los civiles.

Que por ello, aprendamos a denominar al período 1976-1983 como “dictadura cívico-militar”, para cumplir con lo que hace muchos siglos reclamaba Simónides de Ceos: “La justicia consiste en dar a cada uno lo que merece”. Y no cejemos en el reclamo de que los responsables civiles, autores intelectuales de aquel monstruoso drama nacional, sean llevados a los tribunales de Justicia para que rindan cuenta por su participación.

Que la historia de los venadenses es parte de la historia de nuestro país. En nuestra ciudad también hubo civiles que fueron cómplices y usufructuaron al terrorismo de Estado en beneficio propio, civiles que asumían responsabilidades y tomaban decisiones, formando parte de la dictadura. Cabe recordar que la intervención militar en nuestro municipio se realizó por solo unos pocos meses, durante los cuales parte de las autoridades constitucionales que iban a ser depuestas, eligieron permanecer y conformar un gabinete municipal cívico-militar, y cuatro meses después, directamente asumieron el gobierno, convirtiéndose en el rostro local de la dictadura.

Que en este acto de memoria colectiva, queremos recordar de modo emblemático qué sucedía en nuestra propia ciudad, citando la Ordenanza 904/76 (adjuntamos copia), aprobada el 5 de mayo de 1976 en “el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal”, ya que el Concejo Municipal había sido disuelto.

Que la mencionada Ordenanza consideraba “que es una medida de buen gobierno adoptar las precauciones para que en la municipalidad de venado Tuerto se adopten recaudos en defensa de los postulados que hacen a nuestra vivencia democrática y cristiana”. Y a continuación, sancionaba y promulgaba:

“Art. 1º.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá dar de baja, por razones de seguridad, al personal de la planta funcional de esta Municipalidad, permanente, transitorio o contratado que en cualquier forma se encuentre vinculado a actividades subversivas o disociadoras y a aquellos que en forma abierta, solapada o encubierta preconicen o fomenten dichas actividades.

Art. 2º.- Déjese en suspenso, hasta el 31 de diciembre de 1976, toda norma legal o disposición de cualquier naturaleza que se oponga a la presente Ordenanza o que reconozcan el pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.”
Firmaban dicha Ordenanza el interventor municipal Coronel Luciano Saúl Domínguez; el Secretario de Obras Públicas, Héctor Pelosso; el Secretario de Bienestar Social, Fernando Jorge López Sauque; el Secretario de Gobierno, Héctor vargas, y el Secretario de Hacienda, Ricardo Rossini.

Que no sabemos quienes fueron despedidos de nuestro municipio de modo tan arbitrario, simplemente por ser sospechosos de pensar distinto y por decisión de un grupo de personas que sustituían de éste modo el Estado de Derecho. Si sabemos que el simple hecho de haber sido incluido en esa lista de “sospechosos”, se constituía en prueba de culpabilidad y por consiguiente, la vida de esos ciudadanos estaba devaluada y los hacía pasibles de ser secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos. Así funcionaba la lógica represiva y así vivía paralizada por el terror la inmensa mayoría de la sociedad.

Que es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria con el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición.

Que al cumplirse 35 años del golpe cívico-militar genocida perpetrado en nuestro país, el Concejo Municipal renueva su compromiso con el fortalecimiento de los valores y principios democráticos, el respeto por los derechos humanos y la defensa de las libertades individuales para construir una sociedad profundamente democrática y un futuro basado en la tolerancia y el pluralismo.

Que, al mismo tiempo, entiende que el Estado tiene un papel fundamental en la lucha contra el olvido y la construcción de la memoria dado que a través del recuerdo activo se afirman los pilares de una conciencia social capaz de evitar la repetición del pasado autoritario y de construir una democracia basada en el respeto a los derechos fundamentales.

Que por lo mencionado, consideramos necesario agregar a los cuadros que desde las paredes de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal recuerdan a las víctimas venadenses de la dictadura Cívico-militar, un nuevo cuadro con la Ordenanza 904/76, que recuerde las decisiones de quienes se arrogaban el poder público de la ciudad y gobernaban autoritariamente, negando el Estado de Derecho de sus habitantes.

Que con fundamento en lo expuesto, el Concejo Municipal de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones sanciona el presente:

DECRETO

Art.1º.- Colóquese un cuadro con la copia de la ordenanza 904/76 en la pared de la Sala de sesiones “Concejal Domingo Savino” del Concejo Municipal de Venado Tuerto, junto a los cuadros que recuerdan a las víctimas de la dictadura Cívico-militar.

Art.2º.- Solicítese la lectura del presente Decreto en el acto conmemorativo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a realizarse en nuestra ciudad el día 24 de marzo en la Plaza Colón.

Art.3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Venado Tuerto, a los días del mes de del año dos mil once.-