“CREE EL LADRÓN…”

“Cree el ladrón que todos son de su condición” reza un viejo y popular refrán. Las declaraciones de determinados personajes políticos suele, con bastante frecuencia, traerlo sobre el tapete y ratificar su vigencia en el imaginario popular.
Prueba de ello son las afirmaciones vertidas por el histriónico y aventurado diputado Alberto Monti, bastante conocido en el reducido ámbito de su “patria chica” y que llegó nuevamente a una banca “por sus fueros”, sin duda, después de haber ejercido durante algunos períodos el cargo de presidente comunal.

El diputado Alberto Monti acusa al Gobernador de la Provincia de “estar pagando favores políticos” ante la propuesta efectuada por éste, del Juez correccional Edgardo Bistoletti para ejercer la Defensoría del Pueblo.
Basta recordar los nombres de quienes han sido titulares de ese órgano de Control durante las distintas administraciones peronistas: Norberto Nicotra, Rubén Dunda, María Angélica Gastaldi, Carlos Bermúdez; todas personas honorables pero, como cualquier santafesino sabe, de reconocida filiación y militancia peronistas. Es decir, el PJ, en estos casos, no pagó favores políticos, sencillamente designó a personas de su dirigencia partidaria para “proteger los intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial” como establece textualmente la Ley 10396. En buen romance, durante muchos años el responsable de controlar era compañero de ruta de aquellos sobre quienes debía ejercer ese control. No tengo noticias de que esta situación haya escandalizado (ni siquiera llamado la atención) al diputado de marras.
Además, es de público conocimiento que idéntico procedimiento se practicó para la designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas, Jueces, Camaristas… hasta Jueces de Paz (basta recordar las designaciones de Reutemann durante sus gobiernos). Obviamente, como manda la ley, avalados por la Asamblea Legislativa, con mayoría automática peronista.

Hoy la situación es, a todas luces, distinta. El Decreto 3053, del Gobernador Hermes Binner establece claramente un procedimiento transparente para la designación del Defensor del Pueblo, con publicidad de las propuestas, la oportunidad de que cualquier ciudadano pueda observar u objetar a los propuestos, dando a éstos la ocasión de demostrar idoneidad profesional y moral para ejercer el cargo. El simple hecho de que hoy se esté opinando a través de los medios de comunicación acerca del primer nombre propuesto es prueba de que estamos en el camino correcto.

Es casi “normal” que el señor diputado vea oscuras intenciones en la propuesta del Sr. Gobernador; es lo que él haría si tuviera alguna vez la oportunidad de ejercer la facultad legal de proponer a quienes debieran controlarlo. Podría haber “empezado a pensar en otro modo de designación” en algún momento de los últimos 25 años. Quizás el “otro punto de vista” que propone Monti sea designar a dedo a algún conspicuo y reconocido dirigente del Frente Progresista.
Hemos elegido otro camino, Sr. Diputado, y seguiremos en él, mal que le pese.

Joaquín F. Blanco
Diputado Provincial
F.P.C.S.- PS