PROPUESTA PROGRESISTA

Compromiso de los candidatos y candidatas del frente progresista con la ciudadanía santafesina

Los candidatos y candidatas al Senado y Cámara de Diputados de la Nación por el Frente Progresista, Cívico y Social, asumimos un compromiso con la ciudadanía santafesina que tiene por objeto aportar a la transformación de la Nación, bregando por una justa distribución del ingreso, un fortalecimiento institucional y la construcción de una democracia de nuevas bases.

En ese sentido expresamos que, así como Santa Fe está cambiando, cambiaremos en el mismo sentido al país, impulsando:

1- El Cumplimiento de la Garantía establecida en el artículo 7 de la ley de coparticipación que determina un piso mínimo de recursos coparticipables del 34% sobre el total de los ingresos recaudados por la Administración Central. Reconocimiento por parte de la Nación de la deuda acumulada a favor de las provincias por este incumplimiento por el período 2003-2008 que asciende a $ 83.344 Millones (para la Provincia de Santa Fe esta deuda supuso sólo en el año 2008 $ 2.300 Millones).

2- Una Nueva Ley de Coparticipación Federal conforme a los principios que establece la Constitución Nacional: solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad e incorporando a la masa coparticipable el Impuestos sobre los débitos y créditos bancarios (Impuesto al Cheque) y eliminado las detracciones que se realizan de la masa coparticipable y por ende perjudican al conjunto de las provincias (la suma fija que se detrae del Bruto de Impuesto a las Ganancias, el 2% que se detrae del Neto de Impuesto a las Ganancias, el 1% que se detrae del Impuesto a los Bienes Personales, etc.). También impulsando la eliminación del 15% que el Estado Nacional retiene a Santa Fe con destino al ANSES, motivado por el déficit que en el pasado tenía la Administradora y que en la actualidad ha perdido su fundamento.

3- Una reforma tributaria integral que revierta el carácter regresivo del sistema vigente, disminuyendo los impuestos al consumo e incrementando la contribución de las grandes rentas y ganancias, y contemple: Reducción de las alícuotas del IVA y su eliminación en los productos de la Canasta Alimentaria, Impuestos a las Grandes Herencias, eliminación de las exenciones vigentes en el Impuesto a las Ganancias de la renta financiera, y dotando al Estado de las herramientas necesarias para terminar con la evasión y elusión impositiva.

4- El cumplimiento de la garantía de todas las ciudadanas y ciudadanos a una vivienda digna a través de una nueva ley Federal de Vivienda, que permita reformular el concepto de vivienda social para dar respuesta a múltiples y diversos sectores de la sociedad, proponiendo que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda tengan como destino no sólo la construcción de viviendas sino también para financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario; subsidios para compra o alquiler de vivienda, compra o expropiación de suelo, incorporando a las organizaciones sociales a la formulación de las políticas y programas, estableciendo el concepto de Vivienda de Protección Oficial, como aquella vivienda producida por el sector de la construcción por cuenta del estado, planteando de esta manera un sistema en el cual lo público y lo privado se articulan para proveer soluciones habitacionales, orientándose los esfuerzos públicos a la integración socio urbana y la producción material de la vivienda al sector de la construcción.
Además, incorporar la problemática de inquilinas e inquilinos a través de la implementación de créditos personales para alquileres de vivienda única con tasa de interés preferencial y exención del IVA.

5- La Responsabilidad indelegable del Estado en la protección de la vida y los bienes de las personas, abordando la política de seguridad ciudadana como una política de Estado. Crear un Fondo Federal de Apoyo a la implementación Provincial de Políticas de Seguridad, destinadas al financiamiento de reformas en las instituciones policiales y judiciales. Crear Centros Territoriales de Atención Integral de Violencia integrados por equipos profesionales con competencias disciplinarias en la prevención y atención en la materia; un registro Federal Único de Casos y Estadísticas de Violencia; la puesta en marcha de una Red Federal de Organizaciones Estatales y Civiles por la Convivencia y la Seguridad y la Formación Curricular Escolar en hábitos no violentos de resolución de conflictos y disputas.
Legislar un nuevo Régimen Legal Juvenil aplicable a personas entre 14 y 18 años en conflicto con la Ley penal, para que no sean juzgados en el sistema penal general, con responsabilidad penal a partir de los 14 años y con garantías del debido proceso y como última ratio punitiva el encierro en institutos especiales. Esta medida debe completarse con un Ingreso Universal para la Niñez y la Adolescencia y la Designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, creado por la Ley 26.061
Instrumentar medidas efectivas en temas de seguridad vial, promoviendo un Marco Regulatorio de rutas nacionales, vedas de circulación en los feriados largos, derecho a la información de usuarios de rutas por peaje, prohibición de carteles publicitarios en rutas nacionales.

6- La aplicación de medidas para preservar el empleo en el marco de la actual crisis económica y financiera global; la formalización y estabilidad a través de la generación de empleo decente; el pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas; la creación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el trabajo, tomando el ejemplo puesto en funcionamiento a partir de la sanción de la Ley Nº 12.913 en septiembre de 2008 en nuestra provincia; la democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA. Asimismo, con el objetivo de promover la producción y las inversiones productivas trabajaremos para garantizar la Seguridad Jurídica.
La implementación de un Seguro de Desempleo que de respuesta concreta a la problemática de las personas sin trabajo y el establecimiento de un Sistema Nacional de Capacitación y Formación Laboral permanente.

7- El otorgamiento de créditos a Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad y el campo y el fortalecimiento de la Economía Social Solidaria a través de líneas especiales de crédito, capacitación y promoción de cooperativas y proyectos autosustentables. Fomentar la reinversión de las utilidades de empresas Pymes mediante un tratamiento impositivo diferencial entre ganancias distribuidas y ganancias reinvertidas. Difundir programas especiales de apoyos tecnológicos mediante convenios con instituciones especializadas (INTI, INTA, SECYT, Universidades).

8- Un nuevo régimen de retenciones a las exportaciones que, basado en un esquema de segmentación progresivo, beneficie especialmente a los pequeños y medianos productores. Por otra parte creemos fundamental la implementación de un Plan Nacional Agropecuario con un horizonte de mediano plazo, una nueva ley de arrendamientos, créditos blandos para recomponer el capital de producción y el desarrollo y protección de las economías regionales, la actividad lechera, ganadera y agropecuaria en general.

9- En materia de políticas de salud, debe garantizarse el acceso universal a la atención de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles progresivos, a través de la sanción de una ley de Sistema Único de Salud que contribuya a garantizar la accesibilidad, la equidad y la calidad y la participación en la atención integral de la salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un Sistema Único de Salud (SUS) y creación de un Sistema Federal de Salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.

10- Un nuevo modelo educativo que promueva la formación e inclusión social de todos los sectores de nuestra población, a través de la puesta en marcha de la nueva Ley Nacional de Educación garantizando los recursos para dar respuesta a las necesidades de infraestructura escolar en todas las provincias del país y una real recomposición de salarios para el sector docente; la sanción de una nueva Ley de Educación Superior que asegure el ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza, la autonomía y el cogobierno universitario igualitario de estudiantes y docentes, y el adecuado cumplimiento de las funciones de la docencia, investigación y extensión; y la implementación de un Programa de Becas nacional que remueva todas las barreras existentes para el acceso al sistema educativo.

11- La recomposición de los haberes a los jubilados con movilidad asociada al salario, garantizando los fondos provisionales para los futuros jubilados y creando un beneficio universal para los mayores de 65 años.-