El peronismo no asume que la trampa está en mantener encerrados a los santafesinos en una constitución de baja calidad institucional. El Diputado Raúl Lamberto, replicando declaraciones del senador Spinozzi manifestó que el peronismo durante un cuarto de siglo de gobierno en la provincia no reformó la constitución, negándole a la gente las posibilidades y herramientas institucionales de una democracia moderna. Y, consecuentemente, sigue hoy negando la reforma, sacando siempre algún argumento para no cambiar, para no democratizar nuestras instituciones. Es que, lo que no se hizo en un cuarto de siglo, es lógico pensar que no se quiera mansamente hacer hoy. Sin embargo, para quienes integramos el Frente Progresista, la mejora de la calidad institucional, de la transparencia democrática, de la garantía de igualdad y del derecho de defensa de la persona, es condición indispensable para la mejora de la calidad de vida, en paz, de la gente. Por el contrario la falta de transparencia, la concentración del poder entre quien ejecuta y quien controla, entre quien ejecuta y quien juzga, entre quien acusa y quien juzga y la distorsiva y democráticamente inadmisible exclusión de la representación política que la actual composición del Senado hace del 50% de la población (al haber un senador por departamento solo el que gana tiene representación y excluye a todo el resto), unido a la falta de autonomía municipal, son expresiones de privilegio que alimentaron durante un cuarto de siglo, una mentalidad de inmovilidad, de no cambio que condujo al atraso a una de las provincias más ricas de nuestro país, atraso materialmente imposible de modificar en solo dos años. Queremos una provincia menos centralizada que se acerque a todas las regiones o territorios, que brinde posibilidades de participación y expresión democráticas y que, jerarquizando las regiones permita un mayor equilibrio en la provincia. Queremos mecanismos de democracia semidirecta (iniciativa, consulta popular), para acompañar las decisiones relevantes de las políticas públicas, que podrían ser sometidas a la opinión de la gente por ejemplo junto a los actos eleccionarios. La parte orgánica de la constitución debe diseñar instituciones para facilitar los consensos y brindar mecanismos para que las cuestiones de estado tengan solución aún en tiempos políticos contradictorios.
Queremos órganos de selección de jueces con representación plural (universitaria, docentes, graduados), sin preeminencia política, que garantice jueces independientes y con compromiso democrático. Queremos también, órganos independientes y plurales para el control de las cuentas públicas.
Queremos fiscales independientes, dotados de medios para la investigación del delito, que garanticen un nuevo procedimiento penal. Queremos una autonomía municipal plena, que brinde a los ciudadanos de cada localidad la posibilidad de decidir su futuro sin depender de la decisión de otros poderes.
La Reforma también podría contener disposiciones sobre la defensa del trabajo decente, la prohibición de rebajar salarios y haberes aun en emergencias, la responsabilidad social empresaria, o la garantía del 82 % móvil para los pasivos del sector público (docentes, médicos, etc.). Establecer que las empresas públicas que brindan servicios esenciales a la población deben permanecer en la esfera pública. Ampliar los alcances y hacer operativas en la provincia acciones judiciales rápidas para que el ciudadano haga valer sus derechos (amparo, data, de incidencia colectiva, de clase).
Y queremos que estas reglas fundamentales, rijan cualquiera sea el partido gobernante, para lo cual es necesario que estén en la constitución y que no queden al arbitrio de la mejor o peor buena voluntad del gobernante. Esto sin duda, ayudaría a la gente y no hay razón suficiente para seguir esperando la producción de estos cambios que de por sí encierran buenos tiempos para la reforma constitucional.
Queremos órganos de selección de jueces con representación plural (universitaria, docentes, graduados), sin preeminencia política, que garantice jueces independientes y con compromiso democrático. Queremos también, órganos independientes y plurales para el control de las cuentas públicas.
Queremos fiscales independientes, dotados de medios para la investigación del delito, que garanticen un nuevo procedimiento penal. Queremos una autonomía municipal plena, que brinde a los ciudadanos de cada localidad la posibilidad de decidir su futuro sin depender de la decisión de otros poderes.
La Reforma también podría contener disposiciones sobre la defensa del trabajo decente, la prohibición de rebajar salarios y haberes aun en emergencias, la responsabilidad social empresaria, o la garantía del 82 % móvil para los pasivos del sector público (docentes, médicos, etc.). Establecer que las empresas públicas que brindan servicios esenciales a la población deben permanecer en la esfera pública. Ampliar los alcances y hacer operativas en la provincia acciones judiciales rápidas para que el ciudadano haga valer sus derechos (amparo, data, de incidencia colectiva, de clase).
Y queremos que estas reglas fundamentales, rijan cualquiera sea el partido gobernante, para lo cual es necesario que estén en la constitución y que no queden al arbitrio de la mejor o peor buena voluntad del gobernante. Esto sin duda, ayudaría a la gente y no hay razón suficiente para seguir esperando la producción de estos cambios que de por sí encierran buenos tiempos para la reforma constitucional.
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