La justicia condenó al ex juez Víctor Brusa a 21 años de prisión, a Juan Calixto Perizotti a 22 años, a María Eva Aebi a 19, a Mario Facino a 20 años, y a Héctor Colombini y Eduardo "Curro" Ramos a 23 años de cárcel. El fallo del tribunal Oral Federal fue unánime y ubicó a los delitos en el marco de un plan sistemático de terrorismo de Estado. Se trata de la primera condena por represión en la provincia.
En una jornada histórica para la Justicia santafesina, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó ayer, por delitos de lesa humanidad, a seis represores que actuaron durante la última dictadura militar en Santa Fe y la zona.
En un fallo unánime, los jueces Roberto Manuel López Arango (presidente) , Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna resolvieron rechazar los planteos de nulidad del proceso judicial, como también el planteo de inconstitucionalidad del mismo. Ambos fueron presentados por las defensas de Aebi, Brusa, Ramos y Facino.
Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido de la querella de considerar los delitos de lesa humanidad en el marco de Genocidio.
En ese sentido, las condenas de los seis represores fueron enmarcadas en delitos de lesa humanidad por tratarse de un plan sistemático de terrorismo de Estado. Esos delitos son: apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, tormentos, torturas , violencia y amenazas.
Así, la Justicia declaró culpable penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales a Víctor Hermes Brusa y lo condenó a 21 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.
Por otro lado, y también por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas, fue condenado a 22 años de prisión Juan Calixto Perizotti. Además fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Por su parte, María Eva Aebi fue condenada a 19 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la librtad, violencia y amenazas.
En cuanto a Mario Facino, el Tribunal Oral lo consideró culpable por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos por lo que lo condenó a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Además, Héctor Colombini fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas.
Por último, Eduardo “Curro” Ramos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas. Las costas del proceso fueron adjudicadas a los condenados. Los fundamentos de la condena se conocerán el 15 de febrero del próximo año.
La sentencia fue la primera en la provincia en este tipo de causas, vinculadas a la represión ilegal en el período 1976 – 1983 y pudo verse en vivo en la sala montada en el juzgado federal de Santa Fe, ubicado en 9 de Julio y Monseñor Zaspe, y también por la página web del gobierno de la provincia.
Pasadas las 19, los conjueces Roberto Manuel López Arango (presidente), Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna, anunciaron a las partes y al público el resultado de las deliberaciones en el marco de la primera condena en la provincia en por este tipo de delitos.
Durante tres meses, casi 100 testigos, muchos de ellos víctimas directas de las atrocidades cometidas por civiles, militares y policías amparados por la impunidad de la dictadura, pudieron explayarse ante los jueces del TOF que, además, ordenaron inspecciones en comisarías, en dependencias policiales y en lugares clandestinos de detención, conocidos como “casitas”.
En estos 90 días de audiencias se escucharon relatos muy emotivos y dolorosos. Mujeres vejadas por policías impunes y civiles cómplices, hombres atormentados hasta el desmayo y un largo vademécum de prácticas horrorosas llevadas adelante por militares y fuerzas de seguridad provinciales (Policía) y nacionales (Gendarmería estuvo a cargo del Servicio Penitenciario). En ese lapso, se ventilaron en las exposiciones el peor descenso de la condición humana al barro de la desmesura, pero también relatos colmados de resistencia, de valentía y amor militante.
Vaya el contraste entre los testimonios de las denominadas “chicas de la GIR”, con la sonrisa de guasón del ex juez federal Víctor Brusa y sus irónicas palabras de descargo. La distancia abismal entre el relato contundente del abogado y querellante Jorge “Coco” Pedraza, seguro, preciso, incontrastable, con el blef discursivo de su captor y verdugo Eduardo “Curro” Ramos, quien tuvo la posibilidad de defenderse en un juicio.
Atrás quedaron las maniobras dilatorias de abogados defensores, las revocatorias de la Cámara de Apelaciones de Rosario, las chicanas, la amenazas a testigos claves. Esa causa que se presentaba como imposible, llegó a su fin, no con todos los responsables de la represión, pero sí con la seguridad de que los que están en el banquillo, secuestraron, apremiaron y torturaron en la noche más larga de la historia de nuestro país.
Los fiscales Martín Ignacio Suarez Faisal y José Ignacio Candioti habían solicitao penas de 23 y 25 años de prisión efectiva para los imputados. El abogado querellante Horacio Coutaz (representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) pidió 25 años para todos los imputados. Las abogadas Leticia Fascendini y Jessica Pellegrini (representante de dos querellantes y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) alegaron bajo el argumento de aplicar la figura de Genocidio que establece una pena de reclusión perpetua para todos. Los asesores letrados de las “chicas de la GIR”, Guillermo Munné y Alejandra Romero, pidieron 25 años de cárcel para Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, y 20 años para Víctor Brusa. En tanto que, todos los abogados defensores peticionaron a favor de la absolución de sus pupilos, con la salvedad que el defensor oficial Fabio Procajlo, reconoció que hubo un plan sistemático de aniquilamiento de un grupo de personas.
Quién es quién
Eduardo Alberto “Curro” Ramos era un joven oficial del Departamento de Informaciones (D2) de la policía cuando cometió los hechos que se le imputan. Con apenas 22 años, se infiltró en agrupaciones estudiantiles universitarias y participó de operativos ilegales. Está acusado de tormentos en perjuicio de hombres y mujeres militantes del PC, de la UES y de la organización Montoneros. En 1977 fue sentenciado por cometer delitos comunes en la denominada “banda de los policías”. Puegó condena de 6 años por asaltar a parejas en moteles y en la costanera de la ciudad de Santa Fe. En democracia, se recicló en el PJ de la mano del “buscapié” Cardozo. Fue empleado del Concejo Municipal. En el 2000, cuando la Interpol lo buscaba por el oficio del juez español Baltasar Garzón, se entregó en el Arzobispado santafesino, entonces, a cargo de Edgardo Storni. Estuvo detenido en dependencias de Bomberos de la URI y luego trsladado al penal de Las Flores.
Héctor Romeo Colombini integró el D2 y era el nexo directo entre policías y militares. Participó de varios operativos ilegales. En democracia pudo ascender hasta el cargo de subdirector de la ex Drogas Peligrosas, en la primera gestión de Jorge Obeid como gobernador. Goza del beneficio de prisión domiciliaria.
Victor Brusa, según un informe de la SIDE publicado por Notife hace un año, era un “amigo y colaborador del Ejército durante la Lucha Anti Subversiva”. Como secretario del juzgado federal en la dictadura participó de interrogatorios clandestinos a presos políticos. En 1992 fue ungido juez federal de Santa Fe por acuerdo del Senado, con un fuerte lobby a favor de los entonces legisladores Liliana Gurdulich y Luis Rubeo. En 1997 atropelló con su lancha a un aspirante de guardavidas en la Laguna Setúbal, y lo abandonó. El nadador Miguel Pedernera tuvo secuelas permanentes tras ese episodio que derivó en su destitución en el año 2.000. Está preso en la unidad carcelaria de Las Flores.
María Eva Aebi, era la carcelera preferida de Juan Calixto Perizotti, entonces jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y titular de la Oficina de Coordinación del Área 212 del Ejército. Participó de traslados ilegales y está acusada de cometer apremios. Está detenida, paradojas del destino, en la GIR.
Mario José Facino fue el jefe de la Seccional Cuarta desde mediados de 1975 hasta principios de 1977. En ese período se torturaron en esa dependencia a decenas de presos políticos que luego fueron “blanqueados” y trasladados a cárceles. Está procesado por homicidio en otra causa federal que investiga la desaparición de la docente Alicia López, que fue alojada en la dependencia policial durante su gestión.
Juan Calixto Perizotti. Fue el jefe de la GIR desde principios de 1977 hasta 1983. Por ese lúgubre lugar pasaron cientos de detenidos – desaparecidos que sufrieron vejaciones y maltratos de todo tipo.
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