Es necesario atender la problemática de la extranjerización de tierras, ya que la tierra no es solo un recurso natural o el lugar donde habitamos, sino también un elemento indisoluble de la identidad de los pueblos.
Más del 10% del territorio nacional, están en manos de propietarios extranjeros, de los que su gran mayoría son empresas o personas que no tienen su residencia en el país.
El Poder Legislativo tiene en sus manos la posibilidad y responsabilidad de elaborar concensuadamente un marco legal que vigile y proteja un recurso tan fundamental como lo es la tierra. Por este motivo, como Cuerpo, nos sumamos a esta iniciativa, apelando a la buena voluntad de quienes integran las Cámaras en el tratamiento transparente de este proyecto de ley, velando por los intereses de todos los argentinos y no solo de determinados sectores.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Concejal Fabián Vernetti. Sesión 31 de agosto.
VISTO:
Que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso Nacional para su tratamiento al Proyecto de Ley de PROTECCION AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES; y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario atender la problemática de la extranjerización de tierras, ya que la tierra no es solo un recurso natural o el lugar donde habitamos, sino también un elemento indisoluble de la identidad de los pueblos.
Que más del 10% del territorio nacional, están en manos de propietarios extranjeros, de los que su gran mayoría son empresas o personas que no tienen su residencia en el país.
Que durante la década del 90 se inició la compra de tierras por parte de extranjeros, los pioneros fueron los hermanos Benetton, poseedores hoy de la mayor porción de territorio argentino en la Patagonia, estimada en 900.000 hectáreas. A ellos les siguieron Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Hubert Grosse y otros tantos. Así también, un informe de la Auditoría General de la Nación, del 19 de noviembre de 2008, publicado bajo la resolución N° 201/08 indicó falta de documentación, formularios incompletos, dudas sobre la titularidad de los inmuebles y sobre la existencia de bosques nativos, entre otras irregularidades en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes patagónicas que aprobó la secretaría de Seguridad Interior de la Nación.
Que la extranjerización de tierras no es un fenómeno aislado, forma parte del modelo instalado a partir de la dictadura militar, profundizado en la década menemista y que no se ha detenido a la fecha.
Que en nuestro país numerosos inmuebles son ofrecidos a la venta y comprados por extranjeros, en mucho de los casos a precios viles. Enormes extensiones de tierras fértiles, productivas, atravesadas por cursos de agua o linderas a ellos, que albergan especies de fauna o flora nativa pasan a ser propiedad de extranjeros que no las habitan o de empresas transnacionales que buscan explotarlas.
Que por ello la diputada Verónica Benas presentó en 2009 un proyecto de ley (2015-D-2009) que introduce restricciones y límites a la adquisición de derechos reales por parte de extranjeros sobre inmuebles de importancia estratégica para la Nación y los argentinos, como ser:
- Los rurales, entendiendo como tales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, cualquiera sea su localización y/o destino, que exceda en forma continua o discontinua una unidad económica de producción, según lo establecido por el Artículo 2.326 del Código Civil.
- Los que contengan o se extiendan sobre fuentes de agua superficiales o subterráneas o aquellos en donde surjan aguas.
- Los cubiertos con bosques nativos.
- Los ubicados en áreas protegidas.
- Los declarados de interés cultural, reúnan los requisitos para ser declarados tales o se encuentren alcanzados por las leyes 25197 y 25.743 (patrimonio arqueológico o paleontológico).
- Los ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Que el problema de la tierra en nuestro país no es solamente su extranjerización sino su concentración en extensos latifundios, incluso en manos nacionales. Con regularidad somos anoticiados sobre campesinos y pueblos originarios a quienes los empresarios intentan expulsar de sus tierras (a veces lo logran) para plantar soja, utilizar el agua o extraer petróleo y otros recursos.
Que el alza en el precio de los commodities, la política cambiaria, el escenario de incertidumbre global y la huida de capitales de las inversiones tradicionales, con un horizonte de escasez alimentaria y de recursos naturales no renovables, vuelve la compra de tierras una opción muy interesante para el capital extranjero. Según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, el valor promedio de la hectárea en la zona núcleo aumentó 375 por ciento en los últimos diez años, y se ubica actualmente en los máximos registros históricos. La extranjerización de la tierra vulnera la seguridad alimentaria y agrega presión sobre la balanza de pagos, por la remisión de utilidades y dividendos.
Que según indicó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, en el país existen 278 millones de hectáreas rurales, de bosques nativos y cordilleranas. El dato oficial que tiene el Ejecutivo es que actualmente hay siete millones de hectáreas en poder de inversores extranjeros. Sin embargo, para la Federación Agraria, ya hay más de 17 millones de hectáreas vendidas a empresarios de otras nacionalidades. Ya sea que se tome el dato de Agricultura o el de FAA, queda claro que todavía hay muchas hectáreas que podrían ser vendidas y que hay que proteger con una legislación clara y eficaz.
Que es menester como Nación establecer las reglas que garanticen a todos los argentinos el acceso a la tierra, en condiciones que permitan el desarrollo de actividades productivas y de subsistencia así como la protección de los recursos naturales y culturales. No podemos permitirnos más exiliados rurales, desalojos a pueblos originarios y más pérdida del patrimonio nacional.
Que el Poder Legislativo tiene en sus manos la posibilidad y responsabilidad de elaborar concensuadamente un marco legal que vigile y proteja un recurso tan fundamental como lo es la tierra. Por este motivo, como Cuerpo, nos sumamos a esta iniciativa, apelando a la buena voluntad de quienes integran las Cámaras en el tratamiento transparente de este proyecto de ley, velando por los intereses de todos los argentinos y no solo de determinados sectores.
Que con fundamento de lo expuesto, el Concejo Municipal de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones sanciona la presente:
R E S O L U C I O N
Art. 1º.- Adhiérase al tratamiento de la Ley de PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES.
Art. 2º.- Remítase copia de la presente a las autoridades de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
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